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Por Norma Loto
Buenos Ares, diciembre (SEMlac).- Los festejos por las tres décadas de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) culminó con las reflexiones y análisis de Gladys Acosta, Jefa de UNIFEM para la sección América Latina y El Caribe, y de Amerigo Incalcaterra, integrante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
La titular de UNIFEM en la región hizo referencia al ritmo en que avanza la participación política de las mujeres y dijo que, haciendo una proyección de los datos actuales, se necesitaría cerca de 47 años para llegar a la zona de la paridad.
“El objetivo es producir una aceleración del proceso que evidentemente no está en las manos de UNIFEM, sino en manos de la sociedad, de los movimientos y de los estados”, manifestó Acosta.
Respecto a los Estados y sus responsabilidades, en cuanto a los derechos humanos de las mujeres, Acosta sostuvo que los Estados aun no comprenden sus responsabilidades.
En el ámbito estatal “hay cierta omisión de responsabilidades de los derechos de las mujeres. Los Estados muchas veces llegan tarde; cuando el daño ya se ha producido. Por eso pretendemos que los Estados no actúen con dejadez”, señaló.
La Jefa de UNIFEM advirtió que la causa de esa incapacidad, por parte de los Estados, reside en la “falta de dirigencia adecuada, focalizada a nivel estatal, porque no está lo suficientemente difundido lo que la CEDAW acuerda y lo que ha producido la Comisión”.
Posteriormente, Amerigo Incalcaterra, integrante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también se refirió a las falencias de los Estados.
“Estamos viviendo un avance de la violencia en la región, los crímenes organizados están en aumento y la mujer es uno de los objetivos de esos grupos criminales, y en esto se nota la ausencia de los Estados”, dijo.
Incalcaterra también aludió a la pobreza como uno de los signos de la desigualdad, realidad en al cual las mujeres son las más perjudicadas. En este sentido, el miembro de ACNUDH habló sobre la necesidad de que la CEDAW se refleje en planes y acciones específicas.
Porque de esa manera se podrá establecer “un medidor de tiempos, un medidor del cumplimiento y una posibilidad de comprensión real acerca de algunos derechos que han sido acordados en la convención”, afirmó Incalcaterra.